Inteligencia de crédito de grado institucional.
El CreditOS de la Banca Latam.

Varios países de la región cuentan con un registro o central de deuda consolidada — por ejemplo REDEC en Chile o el RCD en Perú. La plataforma incorpora un módulo de gestión de consentimientos y reporte que se alinea con las obligaciones de las entidades informantes ante el registro de cada país: registro de consentimiento del titular, generación de los artefactos exigidos y conexión al ambiente que defina el regulador local.

La arquitectura contempla los derechos del titular (acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad), base de licitud del tratamiento, y trazabilidad de cada operación sobre datos personales, alineada con la normativa de protección de datos de cada país — por ejemplo la Ley 21.719 en Chile. La configuración específica se ajusta a la entrada en vigencia y a los reglamentos que dicte cada autoridad local.

Cuando un país habilita finanzas abiertas o el acceso estandarizado a información financiera con consentimiento del cliente — como la Ley Fintech 21.521 en Chile —, la plataforma está diseñada para consumir esas fuentes en cuanto el ecosistema esté operativo, enriqueciendo la evaluación de crédito con datos actualizados.

Sí. Cada consentimiento se registra con su evidencia asociada (identidad del titular, finalidad, fecha, canal) en almacenamiento con trazabilidad, de modo que pueda acreditarse ante el regulador o el propio titular.

La normativa de protección de datos de cada país reconoce un conjunto de derechos del titular — acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y, en algunos casos, bloqueo. La plataforma provee los flujos para recibir, gestionar y responder estas solicitudes dentro de los plazos que fije la normativa aplicable en cada jurisdicción.

No. En materia de prevención de lavado de activos, la plataforma genera alertas y expedientes con trazabilidad y explicabilidad (SHAP), pero la emisión de un reporte a la autoridad es siempre una decisión humana del oficial de cumplimiento.

La infraestructura corre sobre AWS con opciones de residencia de datos según la exigencia regulatoria de cada país. La configuración de región se define por cliente y por marco aplicable.

Cada decisión queda con logs inmutables: variables de entrada, versión del modelo, políticas aplicadas y resultado. Los modelos exponen contribuciones por variable (SHAP), de modo que cada resolución es explicable y reconstruible.

No. Es bureau-agnóstica y score-agnóstica: opera con los bureaus de crédito disponibles en cada país, buró privado del cliente, o combinaciones, y con modelos propios importados vía PMML 4.4.

Los modelos y su documentación de gobernanza (metodología, validación, estabilidad PSI, backtesting) se estructuran para respaldar los requerimientos de Basilea III (PD/LGD/EAD/RWA) e IFRS 9 (staging y pérdida esperada), y quedan disponibles para revisión regulatoria.

Se aplican políticas de retención y eliminación conforme a la normativa de protección de datos de cada país y a los acuerdos contractuales, con registro de la disposición final de los datos.

El diseño es modular por norma: cambios normativos en cualquiera de los países cubiertos — nuevas circulares, resoluciones o reglamentos de la autoridad local — se incorporan como configuración, sin rehacer la arquitectura.